En un esfuerzo por fortalecer el combate a la corrupción, la senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa que busca garantizar la protección de quienes denuncian o atestiguan faltas administrativas graves.

El planteamiento reconoce que el temor a represalias ha limitado históricamente la participación ciudadana, por lo que propone un esquema integral de protección que salvaguarde tanto la integridad personal como la estabilidad laboral de los denunciantes.

Asimismo, establece sanciones claras contra cualquier forma de intimidación, hostigamiento o despido injustificado derivado de una denuncia.

La propuesta se perfila como un paso importante para consolidar instituciones más transparentes y fomentar una cultura de denuncia responsable.