La protesta convocada para rechazar la denominada “Ley Serrano” terminó evidenciando la creciente intervención de grupos políticos en movimientos que originalmente buscaban representar causas ciudadanas.

Durante la movilización destacaron más los nombres de ex funcionarios, activistas partidistas y personajes vinculados al Ayuntamiento de Enrique Galindo que la presencia de ciudadanos sin filiación política.

Entre los asistentes figuraron perfiles ligados a administraciones pasadas y actuales, lo que alimentó la percepción de que la marcha fue utilizada como una herramienta de presión política más que como una genuina defensa de la libertad de expresión.

Mientras los organizadores intentaban sostener el discurso ciudadano, la realidad mostró una concentración de actores políticos que terminaron apropiándose de la narrativa y convirtiendo la protesta en un acto claramente politizado.